El juzgado de instrucción número 17 de Madrid investiga una denuncia de la Fiscalía y el Ministerio de Trabajo por un presunto “fraude de subvenciones” y un presunto “delito de falsedad documental” por parte de Uatae y Pimec, en los que incluye a los respectivos secretarios de ambas organizaciones, María Josefa Landaburu y Josep Ginesta. El juez ha admitido a trámite la denuncia y la semana pasada practicó diligencias de ordenación sobre el caso, explicaron fuentes jurídicas.
El juez investiga si se utilizó un documento presuntamente falso para conseguir una subvención pública para asociaciones de autónomos superior a lo que les correspondería a las organizaciones investigadas.
La asociación de autónomos admite que ha devuelto el dinero añadiendo un 25% de intereses
Uatae admitió ayer a preguntas de este diario que ya ha procedido a devolver la cantidad denunciada por el fiscal más un recargo de intereses del 25% y dijo que ha presentado un recurso ante Trabajo. La asociación añadió que el proceso judicial se inicia a petición de ATA, otra organización de autónomos. Por su parte, la patronal Pimec dijo que no solicitó la subvención ni es beneficiaria de ella. Esta patronal añadió que desde que conoció que existía un contencioso abrió un expediente interno en el que –sostiene– no han encontrado irregularidad alguna.
El origen del proceso deriva de un escrito con fecha 28 de julio de la directora general de Trabajo Autónomo, Maravillas Espín, dependiente del Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz. La sección de delitos económicos de la Fiscalía de Madrid, sobre la base de ese escrito, presentó la correspondiente denuncia con fecha 23 de noviembre, que por reparto cayó en el citado juzgado 17 a principios de este mes.
En la denuncia, la Fiscalía detalla que “del relato de hechos y la documentación aportada en el escrito hecho llegar a la Fiscalía se lleva a la indiciaria conclusión de que los denunciados, en el marco de la subvención concedida, llevaron a cabo, concertadamente, la realización de distintos actos fraudulentos dirigidos a obtener indebidamente un importe superior al que legalmente les correspondía”.
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Las subvenciones origen de la investigación las otorga el Ministerio de Trabajo a las asociaciones de autónomos en virtud de las “plantillas de trabajadores que integraban dichas asociaciones”. Pero es obligatorio para optar a esas ayudas que las organizaciones estén registradas como tal correctamente en cada comunidad autónoma. Uatae acudió a solicitar las ayudas y añadió la documentación de la patronal catalana Pimec. Siempre según la Fiscalía, Uatae incorporó un certificado de Pimec “que daba cuenta de que la misma estaba inscrita en el registro de asociaciones de autónomos de Catalunya, cuando dicho extremo no es cierto”. Fuentes de Pimec sostienen que la información y la documentación facilitada por ellos a Uatae era legal y que es la que siempre han utilizado.
Por lo tanto, Uatae solicitó la subvención informando de que la plantilla era la suma de la suya propia como asociación más la de Pimec. La Fiscalía añade que la dirección de Relaciones Laborales de la Generalitat informó al Ministerio de Trabajo de que el certificado utilizado para demostrar que Pimec estaba en el registro de asociaciones “no había sido emitido” por la Administración catalana.
La subvención otorgada a Uatae y a Pimec es por un importe de 266.123,10 euros con fecha 16 de diciembre del 2021. Aunque la Fiscalía sostiene –sobre la base de diferentes fuentes– que lo que le correspondería si no se hubiera considerado a la plantilla de la patronal catalana son 133.211,84. De ahí se deduce que la cantidad cobrada presuntamente de manera irregular se eleve a más de 132.000, según estimaciones de diferentes fuentes recogidas en la denuncia.
La Fiscalía pide tomar declaración como investigados a los secretarios de Uatae y Pimec. Las subvenciones por un importe global de más de medio millón de euros se repartieron entre tres asociaciones: ATA, UPTA y Uatae.
Fuentes del Ministerio de Trabajo señalaron que hoy por hoy no hay novedades sobre el caso y recordaron que la causa “se puso en conocimiento” de la Fiscalía y que se está “colaborando” con ella en todo lo que ha reclamado.
Uatae se define en su página web como una organización que se “dedica a la defensa de los derechos laborales y sociales de los autónomos y autónomas así como a la promoción del trabajo autónomo y el emprendimiento”.
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